Esclavitud de bolivianos - Bs As, 29 de Noviembre de 2005 - Fuente: Defensoría del Pueblo

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la detención del dueño de dos talleres de costura clandestinos ubicados en Parque Avellaneda que había sido denunciado penalmente por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, por presunta “reducción a la servidumbre, tráfico de inmigrantes y violación de la ley de trabajo a domicilio”. La funcionaria también reclamó que se investigue la existencia en el sudoeste de la ciudad de al menos otros 40 establecimientos de esta clase donde se explota a ciudadanos bolivianos mayormente ilegales sometiéndolos a condiciones de esclavitud, ya que viven hacinados con sus familias en los mismos lugares donde trabajan hasta 17 horas diarias, mal alimentados y en condiciones deplorables de higiene y salubridad.

“Aunque este caso no es el único, es la primera vez que hemos podido documentar fehacientemente la trata de personas para explotarlas laboralmente”, aseguró la doctora Pierini. A fines de septiembre, varios ex empleados y vecinos del barrio concurrieron a la Defensoría para realizar una denuncia contra el empresario boliviano Juan Carlos Salazar Nina, a quien acusaron de obligar a sus obreros a trabajar bajo reglas de explotación “similares a las de los inicios del capitalismo”. De acuerdo a los testimonios, los dos talleres textiles de su propiedad, ubicados en Eugenio Garzón 3853 y Laguna 940 “no cuentan con habilitación, marca individualizadora, libros autorizados y rubricados, libreta de los obreros, condiciones básicas de higiene y seguridad, y violan la Ley de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena y la Ley de Migraciones”.

Pierini relató que los empleados de estos talleres no poseen documentos argentinos y son traídos por sus dueños desde países limítrofes, mayoritariamente de Bolivia, con falsas promesas de trabajo estable y salarios en dólares, a través de publicidades radiales y en diarios. No cobran aguinaldo, jubilación, escolaridad o indemnización alguna y tampoco tienen obra social ni vacaciones. Cuando llegan se los despoja de sus identificaciones personales y, si se quejan, directamente se los amenaza con denunciarlos ante la policía.

Entre los fundamentos del escrito que presentó en la justicia, la Defensora del Pueblo argumentó que “el tallerista imputado no sólo habría promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habría promovido o facilitado su permanencia ilegal mediante el presunto soborno de las autoridades policiales. Esta conducta no sólo habría sido habitual, dado el tiempo y la cantidad de personas involucradas, sino que además habría tenido por víctimas a los hijos menores de los trabajadores quienes habrían sido obligados a someterse, junto con sus padres, a un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad en perjuicio de su salud física y mental, de su educación y socialización”.

Los damnificados aseguraron que Salazar Nina los hacía trabajar desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y que cobraban un salario promedio de 400 pesos (menos de la mitad del sueldo de convenio por jornadas laborales que duplican la normal), del cual también les descontaba la comida, el alojamiento (entre 100 y 200 pesos) y el valor del pasaje que había pagado para trasladarlos al país, por lo que terminaban cobrando apenas $20 por semana. En uno de los locales subsistían al menos 30 personas en siete habitaciones, alimentadas con una precaria dieta: algunas verduras y mucho arroz, fideos, pan, té y mate cocido. “Los trabajadores y sus familias habrían quedado atrapadas en un círculo opresivo del que no podían salir, porque la presunta práctica de retener la documentación para evitar que se fueran del lugar, unidas al encierro en los talleres y la exhibición jactanciosa de una relación de complicidad con funcionarios policiales son mecanismos, a mi juicio, idóneos para atentar contra su libertad”, remarcó Pierini.

En su denuncia penal, la Defensora porteña también reclamó que se aplique a los denunciantes y víctimas de los delitos descritos el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional -ratificada por la ley 25.632 del Congreso Nacional-, y obliga al Estado a prestar en estos casos “la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización”.

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