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Fiscales en el barrio de Floresta - Bs As, 21 de Noviembre de 2006 - Fuente: www.barriodeflores.com.ar

Ayer a las 18:30 hs los ¨Vecinos Autoconvocados de Floresta y Velez Sarfield¨ realizaron un encuentro de charla y debate denominado ¨Mano a mano con el Poder Judicial de la Ciudad¨. Los panelistas fueron el Fiscal Dr. Mario Gustavo Galante, el Fiscal. Dr. Anibal Oscar Brunet y el Comisario de la (Comisaría 43) Luis Norte.

La introducción la realizó el Fiscal Dr. Galante comentando los alcances de las fiscalías en la Ciudad de Buenos Aires, también con los aportes del fiscal Dr. Brunet donde resumimos la reunión en las siguientes líneas.

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sus facultades de legislación y jurisdicción y la elección popular de su Jefe de Gobierno se encuentran consagradas desde 1994 por la Constitución Nacional en su artículo 129. El mismo artículo establece que una ley debe garantizar los intereses del Estado nacional en la Ciudad mientras ésta sea la Capital Federal del país. Esa norma fue sancionada en 1995: es la 24.588, conocida como "Ley Cafiero", y su constitucionalidad ha sido puesta en cuestión por diversos juristas, quienes sostienen que se excede largamente en sus atribuciones y lesiona la autonomía establecida por la reforma de 1994.

Debido a la "Ley Cafiero", la Ciudad no puede tener su propia justicia ordinaria, lo cual contradice las facultades jurisdiccionales otorgadas por la Constitución, ni crear órganos propios de seguridad, y ve restringidas sus competencias en lo atinente a la fiscalización de los servicios públicos, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia y el puerto. Actualmente, las decisiones sobre estas cuestiones que afectan principalmente a los porteños se toman en la esfera del gobierno nacional, donde los vecinos de la Ciudad poseen un peso institucional escaso y donde carecen de canales adecuados de representación, participación y control.

Las dificultades para el traspaso radican en su carácter de Capital Federal de la Nación, que obliga a acomodar la autonomía porteña con las garantías reservadas al Estado Nacional, cuyas autoridades tienen asiento en territorio de la Ciudad. Por ejemplo, mientras que actualmente la Policía Federal cumple tanto tareas locales como federales, al realizarse la transferencia pasará a cumplir sólo estas últimas, lo cual implicaría el traspaso de competencias, personal y presupuesto de compleja articulación. Lo propio ocurre con la Justicia y con las garantías que deben otorgarse para velar por el mantenimiento de los derechos de sus integrantes.

El proceso hacia la plena autonomía, de todas maneras, ya ha comenzado. Se han transferido ciertas competencias judiciales a la Ciudad, distintas comisiones del Congreso han aprobado dictámenes derogando artículos de la "Ley Cafiero" a partir de tres proyectos presentados conjuntamente por la mayoría de los diputados de la Ciudad y se han aprobado convenios entre la Nación y la Ciudad para coordinar políticas de seguridad. Este avance será necesariamente gradual y progresivo, dada la complejidad y la magnitud de competencias y recursos que involucra, pero con el objetivo claro y definido de alcanzar una Buenos Aires autónoma.

La Ciudad carece hasta el momento de competencias en las cuestiones de seguridad y justicia, problemáticas que se hallan entre las máximas prioridades de los porteños. Es aquí donde se revela con más intensidad el cercenamiento a la autonomía que implica la "Ley Cafiero": frente a uno de los temas que más preocupa a los porteños, los vecinos de Buenos Aires no pueden decidir por ellos mismos cómo proceder. Las fuerzas de seguridad que operan en la Ciudad están dirigidas por autoridades nacionales, y los jueces que fallan sobre estas cuestiones son nombrados por el Poder Ejecutivo de la Nación. A la Ciudad sólo le queda acatar lo que en dichas instancias se decida.

Uno de los mecanismos para salvar esta distancia entre la Justicia Federal y la Ciudad, consiste en creación de las fiscalías barriales ya existentes y las que se crearán en el futuro próximo avanzan en esta dirección, así como los diversos proyectos de justicia vecinal y de policía comunitaria o de proximidad. En diversas regiones del mundo se están desarrollando mecanismos para generar un contacto más estrecho entre vecinos y fuerzas de seguridad.

¿En qué consiste el servicio?
Una fiscalía es un organismo del Estado inserto en la administración de justicia, pero independiente de los jueces.

¿Dónde se brinda el servicio?
Existen tres Fiscalías descentralizadas:
En caso de que el hecho delictivo que usted desea denunciar haya ocurrido en el radio jurisdiccional de las seccionales 32ª y 34ª de la Policía Federal Argentina (Parque Patricios - Pompeya), podrá acercarse a la Fiscalía de Circuito del barrio de Pompeya, situada en Almafuerte 33/35.

Si el hecho aconteció en jurisdicción de las comisarías 35ª, 49ª y 51ª (Saavedra - Nuñez), podrá presentarse en la Fiscalía de Circuito del barrio de Saavedra, ubicada en la calle Arias 4491 2º piso.

Si el delito tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría 24ª (La Boca), podrá acercarse a presentar su denuncia ante la Oficina de la Procuración General de la Nación, ubicada en la calle Wenceslao Villafañe 456.

¿A quién/es está destinado/s? y qué denuncias se pueden efectuar?
La ciudadanía puede recurrir a este servicio y puede denunciar, hurtos, robos, estafas, extorsiones, falsificaciones, homicidios, lesiones, amenazas, apremios ilegales, abuso deshonesto o violaciones.

¿Cómo acceder al servicio?

La persona afectada puede radicar la denuncia y deberá acreditar su identidad presentando el DNI.

¿Qué costo tiene?

La consulta es gratuita.

¿Qué otro dato se debe tener en cuenta?
Cualquier persona que se considere lesionada por un delito o que haya tomado conocimiento de la comisión de un delito puede denunciarlo al juez, el fiscal o ante la policía. La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente a través de un representante. El denunciante no es parte en el proceso ni incurrirá en ninguna responsabilidad por la denuncia, excepto por algún delito en que puediera incurrir (por ejemplo, la falsa denuncia).


Fiscalías Contravencionales:
0800-333-47225 / 4959-1400/1405/1406.

Bibliografía: www.buenosaires.gov.ar

 


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