Bs
As, de de 2008 - Fuente: Jorge Enriquez
El
paraguas de la criminalizacion de la protesta social
Tal
como lo adelantara, en la edición del pasado Jueves,
vinculado al derecho de reunión y a la anomia y pasividad
deliberada para evitar la violencia que se genera a través
de la degradación de aquel, subyace la denominada “criminalización
de la protesta social”.
Es una de las expresiones más estúpidas acuñadas
en los últimos tiempos, pero cabe reconocerle un buen
efecto de marketing, ya que ha hecho carrera.
De
acuerdo a la postura implícita en ese slogan, el Estado
no puede hacer nada para prevenir, impedir o sancionar la
comisión de delitos, si la ejecución de éstos
viene envuelta en el manto sagrado de la protesta.
Los demás derechos poco valen. El derecho a transitar
libremente, el derecho a trabajar, el derecho de propiedad,
el propio derecho de expresión - positiva o negativa
- de los que no protestan, el derecho de los que protestan
contra los que protestan, y todos los demás derechos
imaginables quedan postergados frente a este superderecho,
que puede ejercerse de la manera que a los generales de la
protesta se les ocurra.
La
democracia es, por un lado, el gobierno de la mayoría.
Por otro, es un estilo de vida, que se caracteriza por el
pluralismo, la tolerancia, el sometimiento de todos a la ley,
entre otras cosas.
La libertad de expresión hace a la esencia de un sistema
democrático. Es como el oxígeno de la democracia.
Cuando se ejerce a través de la palabra hablada o escrita,
no puede censurarse en forma previa de ningún modo.
Pero la cuestión es distinta cuando se pretende avasallar
derechos de los demás, como la propiedad o la libre
circulación. En tal caso, el derecho a la libre expresión
debe compatibilizarse con los otros derechos. Si a mí
no me gusta una persona, aún por motivos muy válidos,
no tengo derecho a destruirle la casa y a justificar esa acción
bajo el manto de la libertad de expresión.
El
tema es bastante obvio, pero en la Argentina de hoy conviene
recordarlo. Del mismo modo, conviene recordar que nuestro
gobierno es representativo y republicano (art. 1° de la
C.N.) y que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través
de sus representantes (art. 22 C.N.), por lo que cualquier
grupo que se arrogue una representatividad que no le fue conferida
legalmente y en virtud de ese falso título pretende
"gobernar" en nombre del pueblo comete el delito
de sedición.
Es que ellos aspiran al heroicismo de los dictadores; prefieren
las botas a los votos; la llegada a sangre y fuego antes que
la investidura legal y serena por medio de las elecciones..
En
ningún país civilizado esto sería admitido.
Las democracias más avanzadas han ensanchado la esfera
de la libertad individual hasta extremos insospechados en
otras épocas, pero siempre con un límite preciso,
que es no causar daños a terceros. El "alterum
non laedere" de los romanos (no dañar a otro)
es prácticamente el fundamento mismo de todo orden
jurídico racional.
El primer elemento de una sociedad civilizada es el monopolio
por parte del estado de la fuerza pública No pueden
caber dudas sobre el derecho y el deber del gobierno de utilizar
todos sus recursos para impedir actos que importan una inadmisible
utilización de la violencia y un empleo abusivo del
espacio público en perjuicio de una enorme cantidad
de ciudadanos.
No
se trata, por lo demás, de expresiones espontáneas
de descontento, que afloran más allá de todo
dique de contención, sino de muy organizadas puestas
en escena destinadas a conmover la paz social. Claro que hay
sectores marginales que en su desesperanza pueden sumarse
de buena fe a estas actitudes; pero no son ellos quienes las
promueven, sino aquellos que se arrogan temerariamente una
representación que el pueblo no les ha conferido y
lanzan proclamas sediciosas.
No es posible que pequeños grupos lleven adelante conductas
antidemocráticas. La protesta pacífica puede
desarrollarse de mil formas diversas sin necesidad de perjudicar
a los demás ciudadanos.
No
es tolerable que se organicen desfiles de milicias encapuchadas
y con palos, que recuerdan a los camisas pardas, a la Liga
Patriótica o a las SS, o para estar más acorde
con el presente, al KKK. Vamos camino a debilitar el principio
básico de las sociedades civilizadas, que es el monopolio
por parte del Estado de la fuerza pública. Así,
en virtud de nuestra idiosincracia pendular, pasamos de la
fuerza sin ley a la ley sin fuerza: toda autoridad nos resulta
sospechosa.
Es un tema preocupante que no debe tomarse a la ligera.
