Bs
As, 24 de Agosto de 2009 - Fuente: www.barriodeflores.com.ar
¿Negocios
de amigos?
Las sospechas de corrupción y fuertes lobbys cruzados,
salpican la licitación del Mobiliario Urbano de la
ciudad de Buenos Aires, un negocio de $ 120 millones, pero
que a la ciudad le quedarían solo $ 4 millones aprox..
El proceso licitatorio y la adjudicación así
como planteamientos judiciales , donde un Juez de primera
instancia sobresee a Publicidad Sarmiento, pero la Cámara
termina embargando a la empresa da mas que pensar, considerando
que la Justicia también ordenó detener la adjudicación
al Gobierno de la Ciudad :
El
tema que la empresa “ganadora” , fue denunciada
por otras participantes, porque “presentó documentación
adulterada o falsa para entrar en la licitación”:
Los
Terranova-( Publicidad Sarmiento S.A que compartían
la explotación de la cartelería pública
con PC Publicidad y Grupo Al Sur, este último vinculado
con el secretario de Medios del gobierno nacional, Enrique
Albistur) habrían presentado documentación apócrifa
sobre prestaciones en Mendoza y San Miguel de Tucumán,
para acceder en 2007 al contrato con el gobierno porteño.
Vencidos
los contratos hace 13 u 8 años según el caso,
la administración de Mauricio Macri adjudicó
finalmente en Marzo pasado a tres empresas la concesión
del negocio, por la que las compañías mantienen
el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él,
y pagan a la comuna un canon superior a $ 5 millones.
Pero
lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias
cruzadas, que involucran a funcionarios porteños y
a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad
que compitieron, a poderosos empresarios de los medios y el
secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.
También a la Justicia, donde por estos días
se desarrolla el más reciente capítulo de esta
historia, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos
de los porteños.
La
batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007
se radicó una denuncia contra los hermanos mendocinos
Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad Sarmiento
SA, que había salido primera entre las tres empresas
empresas que Macri dio por ganadoras. La acusación
fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola
SA y Viacart, a la que los competidores de esta empresa, y
fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También
por otra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia
de Albistur, quien fue citado a declarar ante la sospecha
de que benefició a esta compañía siendo
funcionario (por la cual también la justicia lo investiga,
pero es un tema aparte).
Luego
de que el Juez de Instrucción, Luis Rodríguez,
dictara el procesamiento y embargo a Eduardo y Orlando Terranova
(los dueños de Publicidad Sarmiento por haber presentado
documentación falsa para quedarse con la concesión
del mobiliario porteño) el diputado Eduardo Epszteyn
advirtió que "Mauricio Macri no puede desentenderse
de la decisión judicial. Si nuevamente el Jefe de Gobierno
minimiza la situación de los Terranova estaríamos
hablando de complicidad", señaló Epszteyn,
quien viene denunciando desde el año pasado las anomalías
en el proceso licitatorio
El
ex juez de instrucción Mariano Bergés pidió
hoy la indagatoria del jefe de gobierno porteño, Mauricio
Macri, por los presuntos delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles
con la función pública y eventual malversación
de caudales. Bergés lo hizo en representación
de Spinazzola, una empresa perjudicada por la licitación
del "mobiliario urbano" porteño, que fue
suspendida recientemente por la Justicia por irregularidades
en la adjudicación. El pedido de indagatoria abarca
también al ministro de Espacio Público, Juan
Pablo Piccardo, y a tres integrantes de una comisión
de evaluación de la adjudicación, Tomás
Palastanga, Patricio Di Stéfano y Horacio Tonelli.
El
juez de Instrucción Luis Rodríguez suspendió
cautelarmente la concesión del mobiliario urbano a
la empresa de Publicidad Sarmiento SA., de los hermanos Orlando
y Eduardo Terranova, tras comprobar que supuestamente habían
falsificado documentación para acceder a ese contrato.
El
juez Rodríguez procesó y trabó embargo
por $ 150 mil contra los hermanos Terranova (padre y tío
del corredor de Rally “Orly” Terranova) por la
supuesta utilización de documento "ideológicamente
falso" para calificar y, finalmente, obtener la licitación
por la explotación de la cartelería pública,
conocida como “mobiliario urbano”. Esa explotación,
fijada por el lapso de una década, implica unos $ 100
millones anuales por la explotación de carteles, paradas
de colectivos y pantallas ubicadas en la vía pública.
Los Terranova (que compartían la explotación
de la cartelería pública con PC Publicidad y
Grupo Al Sur, este último vinculado con el secretario
de Medios del gobierno nacional, Enrique Albistur) habrían
presentado documentación apócrifa sobre prestaciones
en Mendoza y San Miguel de Tucumán, para acceder en
2007 al contrato con el gobierno porteño.
Detalle:
Un ex funcionario de la Municipalidad de Mendoza durante la
gestión del intendente Eduardo Cicchitti quedó
involucrado en una causa penal en la que se sospecha que se
fraguó la certificación de antecedentes para
mejorar las chances de Publicidad Sarmiento en un millonario
negocio licitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Salvador Vidal, Sub-secretario general de
Intendencia, durante la administración de Cicchitti,
también deberá responder en la Justicia, bajo
sospecha de acreditar una gestión impecable de la empresa
con el mobiliario urbano de la capital provincial, cuando
en el expediente habría pruebas de que la propia comuna
notificó varias irregularidades y violaciones de cláusulas
contractuales por parte de la empresa de los Terranova.
La
empresa representada por el ex juez Bergés impugnó
la adjudicación pues la Sala 6° de la Cámara
del Crimen había acreditado que “la falsedad
verificada en ambos documentos fue determinante en la evaluación
de los antecedentes de la sociedad en relación con
los servicios prestados en otras ciudades, y ello en definitiva
incidía por su calidad en la contratación”.
Pese a ello, “el primer día hábil posterior”
al fallo de la Cámara del Crimen consignando la supuesta
documentación falsa, “el jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires suscribió el decreto 142/09
por el cual se aprueba la licitación pública
denominada vulgarmente ‘de mobiliario urbano’
y adjudicar por diez años las tres unidades funcionales
territoriales en las cuales se dividió a estos fines
la metrópoli”.
Sobre
esa misma base, el juez Rodríguez dictó los
procesamientos y suspendió la adjudicación del
contrato, y ante esa decisión la empresa Spinazzola,
que había sido relegada en la licitación, avanzó
también contra los funcionarios públicos que
avalaron la adjudicación del contrato.
Si
bien el pedido de indagatoria deja abierta la posibilidad
de múltiples figuras delictivas, desliza que las conductas
de los funcionarios públicos, entre ellos Macri, podría
constituir “fraude a la administración pública,
violación de los deberes del funcionario público
y negociación incompatible con la función pública”.
