Bs
As, 15 de octubre de 2010 - Fuente: Sergio Kiernan
El agente de la desregulación
interesada
Las tres muertes en el derrumbe del gimnasio
en la calle Mendoza son apenas el extremo trágico de
un sistema muy bien montado en la ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño mantiene activamente ciertas garantías
para la especulación inmobiliaria: falta de inspectores,
multas bajísimas, impunidad para los pisos de más
y una fiaca llamativa en hacer cumplir la ley. A esto se le
suma un verdadero combate por parte del Ejecutivo de todo
intento real de legislar la protección de áreas
históricas, limitar las alturas constructivas y cuidar
el patrimonio edificado.
Hace muchos años que Buenos Aires
perdió la capacidad de inspeccionar nada. El macrismo
en el poder ofreció garantías al sector más
especulativo de la construcción, el de las grandes
firmas desarrolladoras, de que habría un vacío
de hecho en eso de hacer cumplir la ley. Con una coherencia
notable, el gobierno porteño lleva dos años
y medio creando un buen ambiente para las torres, resistiendo
todo avance legal que limite alturas y cambie zonificaciones.
Y cuando no puede evitar una ley o reglamentación lograda
por los vecinos, la solución es simple: las obras clandestinas,
los pisos de más, las demoliciones fulminantes de fin
de semana, no serán detectadas. Cuando el papelón
sea público e inevitable, la multa será ínfima,
ya que los valores no se indexan desde hace años y
Mauricio Macri ni piensa elevarlos.
Al frente de este mecanismo está un arquitecto cuya
carrera es un gris de ausencia hasta el día en que
juró como ministro de Desarrollo Urbano del flamante
gobierno PRO, en Diciembre de 2007. Daniel Chain es un incondicional
de Macri: difícilmente tres muertos bastarán
para desbancarlo. Al contrario que otros funcionarios cuya
idoneidad el gobierno descubre ahora que no era suficiente,
Chain es exactamente lo que se pensó al nombrarlo.
Su tarea es evitar todo límite a la construcción
especulativa, y eso lo hace muy bien.
En los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron
con permiso de obra –nadie sabe cuánto se hizo
sin esos permisos– cuatro millones y medio de metros
cuadrados de obra nueva. Estos edificios a estrenar y ampliaciones
de otros existentes raramente son inspeccionados, y cuando
lo son aparece una rara tendencia pública de aceptar
hechos consumados. Por ejemplo, en el caso de la tragedia
del gimnasio de la calle Mendoza, la misma Uocra había
denunciado a mediados de junio que se estaba demoliendo un
supermercado sin apuntalar las medianeras, medida básica
de seguridad. La inspección tardó tanto que,
cuando llegó, había un prolijo baldío
cercado. Los profesionales no detectaron “ninguna anomalía”
porque los trabajos habían terminado, y por tanto se
fueron. Fin del tema.
Por supuesto que no fue el macrismo el que inventó
al inspector blando, o la misma falta de inspectores, o las
leyes enrevesadas que impiden cualquier límite legal.
Pero también es cierto que llevaron el arte de ignorar
el problema a un nivel superior. Ante los tres muertos que
causó su política, el ministro Chain dijo que
“se necesitarían doce mil inspectores”
para controlar todo, lo que equivale al número de arquitectos
registrados en la ciudad. Chain se rió de la misma
idea y la consideró un “mamarracho”.
El sofisma es de los favoritos del ministro, al que le gusta
decir que no se puede poner un inspector en cada esquina.
Lo que no dice Chain, pero sabe, es que los problemas son
otros:
- Las multas son tan bajas, que resultan un costo más,
en caso de ser descubiertos, y ni se comparan con lo que se
ahorra al quebrar la ley.
- Pese a que se subieron y mucho los derechos de construcción,
y hasta se inventó un impuesto a la demolición,
no se hizo la inversión de crear un cuerpo de inspección
en serio. El sistema está largamente colapsado.
- No existe una legislación que castigue administrativamente
a los infractores. Lo que el gobierno porteño puede
hacer equivale a una nalgadita y de las suaves.
Basten dos ejemplos para ilustrar el tema. En Abril de 2008,
un “empresario” pidió permiso para destruir
una casa histórica en la esquina de Bolívar
e Independencia. El pedido asombró hasta al más
gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía
cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit,
el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era
Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por
la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área
de protección histórica. Y, cuarto elemento,
el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento
ramplón, un uso que está prohibido directamente
por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona.
El “empresario” no se asustó e insistió
con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños
podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento.
A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su
truco final. Un llamado telefónico avisó a la
Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada.
Los guardias acudieron y comprobaron que no existía
peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando
como corresponde una copia de la actuación. Con el
papel en la mano, el especulador corrió al scanner
y se inventó un bonito permiso de obra trucho, que
colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil
leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora
destruyó la casa de apuro. Para la mañana del
viernes se llevaban los últimos escombros.
El tema fue un escándalo y los funcionarios
por una vez en la vida se sintieron personalmente burlados,
con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del
terreno le avisaron que nunca le darían licencia para
un estacionamiento y que sólo podría construir
dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio.
Al arquitecto que había recomendado la destrucción
del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad,
lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de
patrimonio marca un castigo simple, de metros cuadrados de
menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente
recuperó ante un juez su matrícula –por
la libertad de trabajo– y la empresa de demoliciones
ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron
tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios
de los abogados.
Un ejemplo más reciente permite apreciar
que la situación no varió. En julio comenzó
la demolición del viejo asilo de hombres de San Vicente
de Paul, en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco
de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Aldo Sessa y
Nicolás García Uriburu, vecinos del lugar, denunciaron
el hecho y se cansaron de esperar alguna acción. Finalmente
recurrieron a la Defensoría del Pueblo porteño
y el Defensor Adjunto Gerardo Gómez Coronado se comunicó
por escrito y por teléfono con la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras que, como
indica su nombre, se dedica a estas cosas. En la Dgfyco le
dijeron que inspeccionarían el lugar.
Tardaron casi dos semanas en aparecer por Sánchez de
Bustamante y cuando lo hicieron, un miércoles por la
tarde de este agosto frío, se encontraron con un portero
que no los dejó entrar. ¿Qué hicieron
los representantes de la ley? Se fueron, alegando que al no
poder entrar no podía comprobar que hubiera una demolición.
Curiosamente, los escombros y los muros ausentes podían
verse claramente por las ventanas del edificio, en la que
ya se demolió hasta la capilla.
Organizaciones de vecinos como Basta de Demoler,
Proteger Barracas, SOS Caballito y la Proto Comuna Caballito,
por mencionar algunas, tienen verdaderas colecciones de denuncias
desatendidas, ignoradas o que resultaron en nada. Las organizaciones
de Caballito convocaron a un encuentro vecinal por los desprendimientos
en una obra en la calle Riglos al 300. Según los vecinos,
llamaron hace más de una semana a la Dgfyco y la respuesta
fue que “antes de un mes pasamos”.
Como sabe cualquiera, los automovilistas no respetan los semáforos
en rojo no porque piensan que hay un policía en cada
esquina, sino porque piensan que podría haber uno justo
en la esquina donde están, y porque saben que las multas
son caras. Los vecinos ya aprendieron que la falta de autocontrol
de las constructoras se debe a que saben que sus semáforos
rojos no están nunca controlados, y las multas son
monedas.
La segunda garantía que ofrece Macri
y administra Chain es frenar esta novedad tan desagradable,
la movilización de los vecinos por el patrimonio. Para
la especulación inmobiliaria, cada lote ocupado por
una pieza patrimonial es un desperdicio, ya que todos los
edificios antiguos tienen una cosa en común: son más
chicos que las torres que se construyen hoy. En léxico
profesional, estos pobres edificios tienen que ser condenados
a la destrucción por no llegar a la “carga máxima”
que la ley permita.
Justo al asumir Macri, en diciembre de 2007, esta tensión
hizo crisis y la solución fue un parche. Se tomó
el dibujo del Paisaje Cultural porteño que la Ciudad
había propuesto a la Unesco y se sancionó la
Ley 2548, creando por un año un mecanismo especial
para los edificios construidos antes de 1941. Quien pidiera
demoler una de esas piezas tenía que pasar por un trámite
especial, la revisión por una entidad casi desconocida
llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El Caap tenía una vida tranquila hasta
esta ley propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena,
ya que su única tarea era asesorar cada tanto al ministro
de Desarrollo Urbano. Con sus nuevos deberes, comenzó
a reunirse una vez por semana y decidir si los trámites
se aceptaban –el edificio en cuestión se demolía–
o si tenían el suficiente valor para ser girados a
la Legislatura, para ser catalogados.
El ministro Daniel Chain y el también arquitecto Héctor
Lostri, su secretario de Planeamiento, pronto percibieron
el poder que la ley inesperadamente les daba. Si se pedía
la demolición de un edificio valioso, éste podía
–tal vez, quizá– ser protegido por la Legislatura,
como recomendaría el Caap. Pero si el Consejo descartaba
el trámite, el edificio se demolía y listo,
sin más trámite. Era una orden final, una sentencia
de destrucción inmediata. Y un regalo del cielo para
los especuladores apurados.
Para cuando el mecanismo legal se extendió a toda la
ciudad, en diciembre de 2008 y como Ley 3056, Chain no sólo
no se opuso sino que hasta fue el que pidió que durara
por dos años y no por uno. El ministro había
encontrado la herramienta para sacarse de encima a los patrimonialistas
de una vez: que el Consejo tratara los edificios que entraban
por ventanilla, como marcaba la ley, y también los
del “entorno”. No importaba que la ley ni mencionara
otra cosa que los casos que entraran por pedido de particulares.
Así se inventó una máquina
de permitir demoliciones a paso rápido, que en lo que
va del año rechaza siete trámites por cada uno
que acepta girar a la Legislatura (algún día,
porque los trámites no se envían “por
falta de personal”). El Caap depende administrativamente
de Lostri, es presidido por una burócrata incondicional,
Susana Mesquida, y logró paralizar hasta a las representantes
del Ministerio de Cultura, que se supone votarían por
algo menos mercenario pero hasta proponen demoliciones propias.
El nivel de preciosismo de los consejeros puede ser bizantino:
una ventana cambiada condena instantáneamente a un
edificio como “descaracterizado”. La pena para
el pecado es su rentable destrucción.
En un momento de los debates de cada martes,
en el Consejo se escuchó la verdadera razón
de tanto rigoreo con las pobres casas viejas. No era una cuestión
de teorías o adhesión a Le Corbusier: a menos
que fuera una pieza muy especial, siempre había que
tener en cuenta el “potencial” del lote según
la zonificación. La prioridad, para esta gente, son
los metros cuadrados que se pueden construir a nuevo sobre
el patrimonio porteño.
Otro servicio a la demolición fue
matar de raíz el sistema de protección al patrimonio.
La Ley 1227 ordena que el Ministerio de Cultura redacte y
proponga a la Legislatura una reforma del Código de
Planeamiento –máxima instancia legal en cuanto
a la construcción– creando un régimen
específico para los edificios antiguos y catalogados.
Tres gobiernos porteños ignoraron la orden y, sorpresa,
fue el actual el que finalmente la cumplió. La secretaria
de Patrimonio, Josefina Delgado, logró que su ministro
de Cultura, Hernán Lombardi, le firmara un proyecto
notable por su rigor, con multas caras, inhabilitaciones y
hasta la obligación de reconstruir la historia destruida,
todo a ser controlado por un cuerpo de inspectores de patrimonio
dependiente de Cultura.
Chain tronó. En una breve nota, rechazó el proyecto,
que fue cajoneado rápidamente y olvidado. Delgado se
dedicó a otra cosa (congresos de literatura, principalmente)
y así se evitó que existieran castigos reales
aunque sea para las constructoras que demuelan la historia
porteña.
Como se dijo más arriba, el único
castigo real a una demolición clandestina surge en
los casos de edificios catalogados –protegidos como
históricos– y por la ley de patrimonio. Pero
la muy abrumadora mayoría de las estructuras porteñas
ni son históricas ni están catalogadas, con
lo que las demoliciones preventivas son el recurso favorito
para evitar la ley. Por ejemplo, en la nueva zona comercial
que surgió descontroladamente alrededor de Nazca y
Avellaneda abunda el recurso de destrozar casas de época
con demoliciones parciales e ilegales. Como esas casas son
anteriores a 1941 y caen en el régimen especial, llegan
a consideración del Caap ya sin techos, o sin ventanas,
y los preciosistas del Consejo aceptan que las terminen de
demoler. Si existiera el régimen de castigos que Chain
mató en la raíz, esas demoliciones serían
castigadas hasta con la reconstrucción de lo destruido.
El costo de ese castigo sería ejemplar y seguramente
detendría el vandalismo. Como están las cosas,
nadie se molesta siquiera en denunciar los ilícitos.
Y de eso se trata todo el sistema montado por Chain, bajo
órdenes superiores.
